El titular del proyecto “InterChile S.A.”, ingresa el Estudio de Impacto Ambiental al SEIA con fecha 27 de febrero de 2014. Durante su tramitación, el proyecto recibe numerosas observaciones durante proceso de participación ciudadana, indicando diversas carencias del estudio en su línea de base, principalmente en cuanto a la evaluación del valor ambiental de algunos territorios involucrados. No obstante, con fecha de 10 de diciembre de 2015, el proyecto recibe su Resolución de Calificación Ambiental favorable. Esta tuvo gran oposición por parte de algunos recurrentes afectados en las comunas de Villa Alemana, Limache y Olmué, los cuales presentaron solicitudes de invalidación y recursos de reclamación contra la RCA.

Durante su ejecución, el proyecto recibió enorme resistencia de diversas localidades afectadas por el emplazamiento de las torres de alta tensión. En la Región de Valparaíso, el proyecto atravesó hacia Santiago a través de la cuesta La Dormida, donde comunidades se opusieron tenazmente. En particular, la Comunidad Agrícola La Dormida, en la comuna de Olmué, presentó recursos administrativos contra la RCA favorable del proyecto, solicitando su invalidación con fecha 2 de octubre de 2017, entregando antecedentes relativos a la afectación del valor ambiental y socioeconómico de sus actividades tradicionales circunscritas a su ubicación en la zona de amortiguación de la “Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas”. La solicitud de invalidación fue declarada inadmisible por el SEA con fecha 7 de diciembre de 2017 (Resolución exenta Nº1379-2019). A raíz de este procedimiento, la Comunidad decidió interponer, con fecha 8 de agosto de 2018, un recurso de reclamación (Rol 173-2018) ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago en contra de la resolución que declaró inadmisible el recurso de invalidación de la RCA favorable del proyecto. El Tribunal resuelve a favor de la comunidad, indicando al Director Ejecutivo del SEA que debía admitir a procedimiento la solicitud de invalidación a la resolución ambiental Nº1608, que calificaba favorablemente el proyecto.

En cuanto a la destrucción y/o afectación de formaciones vegetacionales nativas, luego de diversas denuncias realizadas a la SMA durante 2018 y 2019 dando cuenta de múltiples acciones de tala de vegetación nativa, la Superintendencia efectúa fiscalizaciones en las áreas y observa (Informe de Fiscalización 2019) que la construcción de algunas torres de alta tensión en el ámbito de “La Dormida”, conllevó la eliminación de superficies de bosque nativo, bosque nativo de preservación con Naranjillo, Tayú del Norte, Belloto del Norte y Roble de Santiago. El conjunto de estas afectaciones se llevó a cabo sin planes manejo aprobados por Conaf.

Durante la construcción del proyecto, muchas organizaciones socioambientales como Libres de Alta Tensión, Villa Alemana sin Termoeléctrica, Pulmón Verde Quilpué y otras, comenzaron a dejar en evidencia las irregularidades de la empresa en la instalación de las torres de alta tensión, utilizando las redes sociales para masificar la información, levantando de esta manera la campaña Salvemos La Campana. Esta información fue recabada mediante fiscalización “ciudadana”, donde los integrantes de organizaciones y vecinos del sector recorrieron el área de influencia del proyecto, logrando efectuar cientos de denuncias en los organismos correspondientes, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal, la Superintendencia de Medio Ambiente, las direcciones del Trabajo, la Seremi de Salud y las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

A pesar de las cuantiosas denuncias realizadas, un primer evento de gravedad ocurrió el día 28 de septiembre de 2018, cuando un trabajador de la empresa cayó desde una torre a 50 metros de altura. Luego, en marzo de 2019 un accidente en helicóptero ocurrido en Colliguay causó la muerte de seis tripulantes, donde cuatro de ellos habían sido contratados por la empresa como guardias privados, para alejar a los comuneros y activistas que se oponían al proyecto. Con este evento, la comunidad agrícola de La Dormida expuso varias irregularidades asociadas a las obras, como vuelos de helicópteros sin planes de vuelos autorizados y trabajadores indocumentados expuestos a labores de alto riesgo y sin medidas de seguridad básica. Lo anterior provocó una manifestación en abril de 2019, en que comuneros del sector se tomaron una de las torres del proyecto como forma de protesta y se levantó el campamento “Resistencia/Esperanza” en la misma comunidad.

Actualmente, la SMA ha formulado cargos en contra de la empresa, luego de cientos de denuncias realizadas. Estas sanciones van desde la clasificación leve a gravísima por las infracciones referidas al incumplimiento de compromiso de no afectación de bosque nativo de preservación con presencia de Belloto del Norte (Beilschmiedia miersii) para la construcción de las torres T671, T672, T673 y T802, interviniéndose 0,50 ha de la referida formación vegetacional o (gravísima) y a la no obtención de aprobaciones sectoriales correspondientes a permisos ambientales sectoriales mixtos asociados a la intervención de al menos 34,32 ha de formaciones vegetacionales (grave), por mencionar solo algunos cargos contra el titular.

El día 19 de marzo de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental aprobó conciliación entre Comunidad Agrícola La Dormida y la empresa InterChile S.A., en el contexto de la anterior demanda por reparación de daño ambiental realizada por la comunidad contra la empresa. Esta conciliación obliga al titular a ejecutar diversas acciones relacionadas con la vegetación nativa. Una de ellas es la elaboración de planes de manejo para reforestar las áreas donde se haya dañado o eliminado bosque nativo, y a su vez, contempla la obligación de hacer estudios sobre la especie Adesmia resinosa, y estudios de poblaciones de Beilschmiedia miersi, con la finalidad de realizar un repoblamiento.

No obstante, existe descontento entre los propios integrantes de la Comunidad Agrícola y la Cámara de Turismo de la Municipalidad de Olmué, quienes acusan que la conciliación no fue consultada al total de la Asamblea de la Comunidad, por lo cual no contaba con el apoyo transversal de todas las comunidades involucradas en el conflicto. Por otra parte, hubo un acuerdo extra judicial complementario entre algunos comuneros y la empresa, el cual contempla una servidumbre de tránsito otorgada por la Comunidad y un compromiso a desistir cualquier acción judicial contra la empresa, todo esto a cambio de un pago de 480 millones de pesos.