Con la presentación de Fundación Terram en la Comisión Especial Investigadora (CEI N° 8) de la Cámara de Diputados y Diputadas, encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con la alerta ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, se dio por finalizado el trabajo de esta instancia fiscalizadora, el 7 de noviembre.
En la ocasión, la Directora Ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, recordó que el concepto de zona de sacrificio se comenzó a usar en Chile el 2010, a partir de una definición de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), donde se caracteriza a estas áreas como territorios poblados por comunidades con bajos ingresos, con alta concentración de industrias contaminantes, muy poca regulación para las industrias, poca fiscalización, destrucción de las economías locales, mayor empobrecimiento y vulneración de los derechos humanos, configurando un cuadro de injusticia ambiental. “Los estados han actuado por acción u omisión, donde se ha sacrificado el territorio y su gente”, precisó.
La directiva definió como urgente sacar a la Bahía de Quintero de esta condición, para lo cual Terram viene trabajando desde hace más de 12 años con la comunidad y siempre bajo el objetivo de tratar de fortalecer o generar nuevas políticas públicas para mejorar su situación actual. “Avanzar en esa dirección requiere un plan de trabajo concreto, con objetivos claros, acciones, indicadores de resultados y, sobre todo, un presupuesto adecuado”, indicó.
Brechas normativas
Por su parte, el abogado de Terram, Christian Paredes, explicó a la Comisión aquellos problemas normativos y de política pública expresados en brechas y deficiencias que tienen incidencia directa en la contaminación de la bahía y en los episodios de intoxicación (recuadro).
Paredes comentó que Terram ha compilado un catastro de los estudios científicos e informes hechos en la zona hasta la fecha, para los que no existe un registro público, y lamentó que las recomendaciones y conclusiones de los mismos no se hayan traducido en regulaciones y políticas públicas. Como ejemplo, se refirió al arsénico y sus consecuencias nocivas en la salud y el ambiente, elemento para el cual no existe norma primaria de calidad.
Por otro lado, el abogado repasó las reacciones institucionales ante los momentos de resonancia pública, “que son similares y se han ido repitiendo en los principales eventos de intoxicación”, pese al anuncio del cierre progresivo de la fundición Ventanas de Codelco y la desconexión anticipada de la termoeléctrica Ventanas I en el marco de los eventos de junio de 2022, acciones que “no solo suponen la imposición de mayores limitaciones al Complejo Industrial Ventanas, sino que derechamente son medidas encaminadas a reducir el tamaño del mismo”. Agregó, sin embargo, que desde Terram ven con bastante desazón el hecho de que ninguna de estas instalaciones se encontraban en operación en la mayor parte de los eventos de junio, “de manera que distintas reacciones institucionales no han impedido las intoxicaciones. Hay emisiones que continúan teniendo características y origen desconocido”, enfatizó.
Con todo lo anterior, el abogado aseguró que se dan por incumplidas algunas de las medidas del emblemático fallo de la Corte Suprema del año 2019 y que, desde el punto de vista de los derechos humanos, se vulneran varios que dependen de la existencia de un medio ambiente sano, como el derecho a la salud, a la educación debido a la suspensión de clases, al trabajo asociado a recursos hidrobiológicos y de cultivos agrícolas, derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y, a la luz del Tratado de Escazú, el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.
Proyecto Tayú
En el cierre de la presentación de Fundación Terram, el Director del Proyecto Tayú “Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático”, Rodrigo Herrera Jeno, comentó acerca de esta iniciativa financiada por la Unión Europea que se desarrolla en la Región de Valparaíso y que tiene como objetivo principal, elaborar participativamente con comunidades afectadas propuestas de políticas públicas y normativas que incorporen los conceptos clave del proyecto. Esto, con el fin de subsanar deficiencias y brechas existentes actualmente, relacionadas con problemas y conflictos socioambientales derivados de la contaminación industrial (zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví) y la destrucción y/o degradación de formaciones vegetacionales nativas.
Herrera comentó que “podemos dar cuenta de que en nuestros encuentros con distintos segmentos de la comunidad, como salud, educación, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, la gente sabe o tiene nociones claras de cómo resolver la problemática, en el sentido que nos plantean soluciones como la fitoremediación para capturar metales pesados o la plantación de árboles para disminuir las emisiones de CO2. Alternativas como las que desea la comunidad, deben tener una salida a través de la política pública y las normativas que deseamos elaborar en conjunto”.
Anunció que en las próximas semanas el Proyecto Tayú dará inicio a los conversatorios participativos en Concón, Quintero y Puchuncaví.