La zona central o mediterránea de Chile contiene uno de los 35 hotspots de biodiversidad identificados a nivel mundial, con un elevado endemismo de especies. La degradación y/o destrucción de estos valiosos ecosistemas se ha agudizado a causa de los impactos antrópicos, como el desarrollo de industrias y sectores productivos, han devastado gran parte del territorio y provocado un sinnúmero de conflictos socioambientales.
La problemática está atravesada y agudizada por la vulnerabilidad de Chile ante la emergencia climática y sequía, además del cambio de uso de suelo que, al no contar con una política efectiva de ordenamiento territorial ni control por parte del Estado, ha favorecido la habilitación de terrenos para la industria agroexportadora, la expansión urbana e inmobiliaria, y la ocurrencia de incendios forestales, entre otros factores.
Esta nociva situación se agrava a causa de un conjunto de sordas políticas públicas y normativas que resultan no solo permisivas y obsoletas, sino que, además, se encuentran dispersas en diferentes cuerpos normativos. Ello impide afrontar los desafíos actuales, como el Cambio Climático o el Ordenamiento Territorial, dificulta el adecuado rol fiscalizador del Estado y limita el conocimiento que los habitantes tengan para exigir su aplicación.
Este informe, desarrollado por el Proyecto Tayú “Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático: del abandono de las comunidades a las políticas públicas con articulación del territorio en Chile Central”, de Fundación Terram con financiamiento de la Unión Europea identifica vacíos y/o deficiencias regulatorias inherentes a la forma en que las formaciones vegetacionales nativas han sido reguladas. Entre otras, el carácter privado de CONAF que ha repercutido en sus precarias atribuciones de fiscalización forestal y de policía, la debilidad de los instrumentos para la prevención y control de incendios forestales, entre otros; la desprotección de las formaciones xerofíticas (especies adaptadas a climas secos), y su consecuente destrucción; o la eximición de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de proyectos agrícolas y de proyectos de desarrollo y explotación forestal y de actividades susceptibles de afectar FVN sensibles o de alto valor de conservación.
Por otro lado, el informe plantea una serie de brechas de implementación normativa, asociados con la aplicación e interpretación de la Ley de Bosque Nativo, que transcurridos a la fecha 15 años desde su entrada en vigencia, tiene una deuda aún pendiente respecto al incumplimiento de su objetivo principal, que es proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo y las formaciones xerofíticas en Chile.
Este informe es el borrador con el cual se trabajará junto a las comunidades afectadas por destrucción y/o degradación de las formaciones vegetacionales nativas en la Región de Valparaíso, durante los talleres participativos de agosto y septiembre de 2023.